Felicinda del Carmen Palma Bustos

Felicinda del Carmen  Palma Bustos

Felicinda Palma.

Forma de Término del Caso: Recurso de Revisión

Región: Coquimbo

Fecha Inicio Causa: 07/02/2006

Fecha Exoneración: 20/04/2010

Nombre del Defensor: DPP DPP

Exonerado Indemnizado: No

Causa del Error: Identificación Errónea

Verdadero Autor: SI

Tiempo en Prisión Preventiva: 3 días

Felicinda Palma Bustos  fue condenada de un delito que no cometió debido a que su hermana se hizo pasar por ella al momento de ser detenida.

Ella no se enteró de que tenía esta condena sino sólo hasta que el 17 de noviembre de 2008 fue a denunciar un robo ante la PDI, momento en el que le informaron que tenía una orden de detención pendiente por no haber cumplido con las condiciones que se establecieron para que ella cumpliera esta sentencia en libertad. A pesar de que ella explicó que nunca había estado en un tribunal y que probablemente su hermana la había suplantado, nadie le creyó y debió quedar bajo custodia de la policía civil. Tras su detención fue trasladada desde Santiago hasta el tribunal de Illapel para asistir a una audiencia en la que se le iban a revocar los beneficios. 

Una vez allá explicó los hechos y quedó en libertad, pero aún su condena seguía vigente. 

Una vez de vuelta en Santiago denunció a su hermana María Graciela Palma Bustos por usurpación de identidad. Tras una investigación se determinó que efectivamente había existido este delito y su hermana fue condenada.

Con esta sentencia Felicinda presentó una acción de revisión la cual fue acogida por la Corte Suprema el 20 de abril de 2010 anulándose la sentencia condenatoria.

Siete años después de la revisión -el 21 de agosto de 2017-  y tras interponer una demanda civil patrocinada por la Corporación de Asistencia Judicial, el Estado de Chile fue condenado a pagar 40 millones de pesos a Felicinda por la conducta injustificadamente errónea o arbitraria del Ministerio Público.

Formalización

La verdadera autora había sido formalizada por los siguientes hechos:

“El día 7 de febrero de 2006, a las 23 horas aproximadamente, en el paradero de locomoción colectiva de la empresa de buses “Expreso Norte”, ubicado frente a la plaza de armas de Salamanca, los requeridos Rolando Ríos Pérez y Felicinda del Carmen Palma Bustos fueron sorprendidos por personal de Carabineros de Salamanca portando dos bolsas de nylon color blanco, que contenían en su interior especies robadas. Los hechos antes descritos constituyen el delito de receptación“.

Alegó inocencia

Desde el momento de su detención en San Bernardo Felicinda señaló ser inocente, indicando que su hermana habría usurpado su identidad por segunda vez, ya que algo similar había ocurrido durante el año 2001.

En la audiencia de control de detención realizada en Illapel Felicinda quedó en libertad y denunció a su hermana por el delito mencionado.

Finalmente el 26 de junio de 2009 se condena a María Graciela Palma Bustos como autora del delito de usurpación de identidad.

Posteriormente los antecedentes de este caso fueron entregados a la oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana la cual presentó un recurso de revisión que fue acogido el 20 de abril de 2010, y que absolvió a Felicinda del delito de receptación por el cual fue erróneamente condenada.

Resolución de la Corte Suprema

La Corte Suprema señaló en dicha resolución: “(…) que se tomó conocimiento de un hecho desconocido durante el proceso y cuya naturaleza es suficiente para establecer la inocencia de Felicinda del Carmen Palma Bustos, por lo que es procedente acoger la solicitud de revisión presentada por ella”  (Rol CS N° 9484-09).

Luego, la afectada presentó una Acción de responsabilidad civil del Estado, por la conducta manifiestamente errónea del Ministerio Público por no corroborar la identidad aportada por la originalmente detenida y los perjuicios que le trajo a la exonerada. Con fecha 21 de agosto de 2017 la ICA de La Serena revoca el fallo de 1° y condena al Estado de Chile a pagar la suma de 40 millones de pesos, sentencia firme.

Para arribar a tal decisión, la I. Corte de Apelaciones de La Serena, en fallo del 21 de agosto de 2017, considera:

4° Que, por ende, atendido el mandato legal, el cual obliga al fiscal a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación de los partícipes del hecho y de las circunstancias que sirvieren para verificar su responsabilidad; en la especie, el Ministerio Público, a través del respectivo fiscal, debió cerciorarse si la imputada puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Illapel y respecto de quien ejerció la acción penal pública por el delito de receptación mediante la formulación de un requerimiento en procedimiento simplificado era realmente quien decía ser, esto es, Felicinda del Carmen Palma Bustos, sin embargo el representante del ente persecutor no hizo aquello, lo que trajo como consecuencia que se condenara a esta última, siendo que se trataba de su hermana María Graciela Palma Bustos, todo lo cual constituye una conducta injustificadamente errónea del Ministerio Público y trae como consecuencia la generación de su responsabilidad conforme al artículo 5°, inciso primero de la ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

5° Que, en efecto, la omisión del representante del ente persecutor que compareció a la audiencia de control de detención llevada a cabo el 8 de febrero de 2006 ante el Juzgado de Garantía de Illapel en causa RUC 0610002001-5, RIT 106-2006, de dicho tribunal, constituye un error pues significa el incumplimiento de una de las funciones que la Carta Magna le entrega, de manera exclusiva, al Ministerio Público como órgano encargado de la persecución criminal y que no es otra que determinar la identidad de los partícipes de un hecho ilícito, así se desprende tanto del artículo 83 de la Constitución Política como del artículo 3 del Código Procesal Penal, lo que en el caso sub lite no se cumplió pues de haberse hecho, ya sea utilizando las normas que sobre la materia contiene la legislación civil o la normativa procesal penal, se habría constatado que la persona detenida el día 7 de febrero de 2006 en la comuna de Illapel y puesta a disposición del Juzgado de Garantía de la misma ciudad al día siguiente, ocasión en que fue requerida en procedimiento simplificado y condenada como autora del delito de receptación, no era la actora de autos Felicinda del Carmen Palma Bustos sino que su hermana María Graciela Palma Bustos.

6º Que, dicho error es injustificado, o sea, sin justa causa, grave, craso, pues se trata del incumplimiento de una actuación de investigación de aquellas que se denominan “primeras diligencias”, es decir, una de aquellas que primero deben realizarse, en particular, en un caso de detención en flagrancia como el que dio origen a la causa RUC 0610002001-5, RIT 106-2006, del Juzgado de Garantía de Illapel, algo no esperable de personal profesional y especializado como son los Fiscales del Ministerio Público.

7º Que, en la especie, no es posible excusar el proceder del Ministerio Público en el actuar previo de la Policía, que lo hizo en virtud de las facultades autónomas de esta, pues es posible diferenciar las conductas de cada una de las instituciones tanto en el ámbito temporal como en sus fines y porque, además, es el Ministerio Público quien detenta el ejercicio exclusivo de la acción penal pública y en este caso aquello se materializó al requerir en procedimiento simplificado a la persona detenida el 7 de febrero de 2006 en Illapel, requerimiento que contiene la pretensión punitiva del Estado, y respecto de la cual no se verificó la identidad por parte del Fiscal del Ministerio Público que participó en la audiencia del día 8 de febrero de 2006 llevada ante el Juzgado de Garantía de Illapel en causa RUC 0610002001-5, RIT 106-2006, la cual termino con la condena de la persona requerida.

17º Que, así las cosas en favor de la demandante Felicinda del Carmen Palma Bustos, cabe regular prudencialmente el daño moral en la suma de  40.000.000.