Mecanismos de compensación en casos de error

Los Estados deben velar -en la medida de sus capacidades- para restaurar las vidas de personas inocentes injustamente acusadas de cometer un delito.

Los mecanismos indemnizatorios para personas que han sido injustamente privadas de libertad son de difícil acceso y -en la práctica- pocas veces se obtienen resultados favorables. La dificultad de poder demandar y perseguir de parte del Estado una reparación por una condena errónea constituye uno de los mayores obstáculos de acceso a la justicia hoy en Chile.

El actual sistema presenta numerosas dificultades, que impiden una compensación oportuna a los perjuicios sufridos por una persona injustamente detenida o privada de libertad. Pese a que la Constitución Política de la República (artículo 19, número siete, letra i) establece un mecanismo de indemnización en procedimiento breve y sumario, la exigencia de que la resolución judicial que genera el encarcelamiento injusto sea declarada por la Corte Suprema injustificadamente errónea o arbitraria, en la práctica, impide que se pueda utilizar este mecanismo.

Por ello, el mecanismo judicial usado para determinar y cuantificar los perjuicios patrimoniales y morales sufridos son los procesos ordinarios civiles, que son de lenta y engorrosa tramitación. Estas causas deben ser patrocinadas por abogado habilitado y existen además costos asociados a trámites y notificaciones que el demandante debe asumir. Podemos afirmar, entonces, que no existen bases legales precisas que regulen un procedimiento eficaz en esta materia.

En sistemas comparados, una fácil y expedita tramitación de indemnizaciones por los daños y perjuicios producidos por una sentencia errónea se han flexibilizado, de manera que las personas puedan acceder a ellos y junto con una compensación económica, obtengan la reparación que implica que un tribunal reconozca que el sistema penal se equivocó.

De esta forma, estos mecanismos de reparación moral y económica a cargo del Estado permiten a las personas comenzar a restaurar sus vidas, injustamente afectadas por la acusación de haber cometido un delito.

Junto con el establecimiento de un mejor sistema que permita el acceso a esta reparación, el “Proyecto Inocentes” recomienda acciones de reinserción social a través de la red pública, proporcionándoles a las personas afectadas capacitación laboral, en educación, salud y servicios legales después de comprobar su inocencia. Junto con lo anterior, es necesario que exista la posibilidad de una compensación económica a los afectados, la que debe ser regulada por ley, para lo cual la sociedad debe consensuar y reglar un mecanismo idóneo y expedito.

Caso reciente de indemnización en EEUU a un inocente condenado por error: Fuente Innocence Project