Caso Robles: algunas reflexiones a partir de un recurso de revisión acogido  22/01/2014

Profesor Mauricio Duce Julio

Profesor Mauricio Duce Julio

Columna publicada por el diario El Mercurio profesor Mauricio Duce Julio
Martes, 21 de enero de 2014 a las 9:00

El pasado día 14 de enero la Corte Suprema acogió un recurso de revisión (rol nº 11.109-2013) presentado por Julio Robles en contra de la sentencia por la cual se le había condenado a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales, como autor del delito de robo con violencia. Dicha condena había sido dictada el 12 de junio de 2012 y Robles alcanzó a cumplir 459 días privado de libertad. La Corte consideró que se cumplió con el supuesto del artículo 473 letra d) del Código Procesal Penal (“Cuando, con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurriere o se descubriere algún hecho o apareciere algún documento desconocido durante el proceso, que fuere de tal naturaleza que bastare para establecer la inocencia del acusado”) y junto con acoger el recurso dictó sentencia de reemplazo absolviendo así a Robles quien había mantenido durante todo el proceso su inocencia.

En lo sustancial, la Corte considera como el hecho nuevo el que uno de los testigos claves del caso que identificó a Robles como el autor del delito (lo que fue un elemento central para su condena) se percató que había cometido un error. Esto se produjo debido a que, cuando ya se encontraba concluido el caso y Robles estaba preso, identificó a la persona que efectivamente fue la autora del delito en un local comercial de su ciudad. A partir de este hecho, el testigo comunica su error al Ministerio Público y lo da a conocer públicamente a diversos medios de comunicación social, lo que permitió a Robles presentar a la Defensoría Penal Pública a su nombre el recurso de revisión (antecedentes generales sobre el caso pueden verse aquí).

El caso de Julio Robles presenta varias cuestiones interesantes para el análisis pero me quiero detener en esta columna en dos de ellas que son las que me parecen esenciales. La primera, tiene que ver con que este caso constituye un excelente ejemplo de los problemas que tienen muchos reconocimientos de imputados que nuestro sistema judicial suele considerar como confiables y terminan constituyendo prueba decisiva en contra de una persona. En efecto, la literatura científica especializada ha consolidado un conocimiento muy importante a esta altura que da cuenta de la existencia de enormes dificultades para asegurar la confiabilidad de los reconocimientos (tanto de fotografías como en “rueda de presos”) a niveles mínimamente aceptables. Las investigaciones en el área muestran que las dificultades de los reconocimientos se producen por problemas en tres niveles diversos: de funcionamiento de la memoria de las personas que dificultan el trabajo de identificación que pueden realizar víctimas y testigos; de las circunstancias bajo las cuáles se produjo la observación de la persona a identificar (variables o factores de estimación); y, finalmente, de la forma en que se llevan adelante los procesos de reconocimiento que habitualmente practican las agencias de persecución penal (variables o factores del sistema). La relación entre estos tres niveles hace que un porcentaje importante de identificaciones que se realizan, aún cuando la víctima o el testigo manifiesten niveles de seguridad del 100% o cercanas, estén equivocadas y que ello lleve tanto a los órganos de persecución penal como a los tribunales a errar en sus decisiones. Así, estudios realizados en los Estados Unidos e Inglaterra dan cuenta que entre el 25 y 30% de los reconocimientos se escoge a una persona distinta al imputado (a lo que se conoce como un “cebo”) y que en procesos de reconocimientos en los que no hay un imputado presente, igualmente en un 48% de ellos se reconozca alguien a pesar de no haber sido quien cometido el delito (Dan Simon, In Doubt, Oxford University Press, 2012, p. 253). Como se puede apreciar, se trata de una tasa de error bastante alta. En el caso de Julio Robles se dieron varios factores que han sido descritos por la literatura especializada que pueden haber influido en una errada identificación, por ejemplo, que el autor del delito amenazó con un arma blanca a los testigos lo que constituye un serio obstáculo para asegurar identificaciones confiables; que todo ello se produjo en un contexto de enorme estrés de las víctimas que fueron agredidas, entre otros. Más allá de eso es probable que los procesos de reconocimientos efectuados por la policía tampoco hayan sido muy estrictos. En esta dirección el propio Ministerio Público ha elaborado en julio de 2013 un Protocolo Interinstitucional de Reconocimiento de Imputados con el objetivo de estandarizar y mejorar la calidad que se realizan estas diligencias en el país reconociendo así diversos problemas que se suelen presentar en la materia. En consecuencia, el caso Robles nos vuelve a poner a flor de piel el tema de los reconocimientos y la necesidad de mejorar procedimientos y elevar los estándares para la valoración de los mismos.

Un segundo punto de interés que me parece relevante mencionarse trata de la interpretación que hace la Corte Suprema de la causal de la letra d) del artículo 473 del CPP. Según ha señalado la doctrina, se trata de una causal que presenta una serie de problemas interpretativos y que ha llevado al desarrollo de una jurisprudencia restrictiva (Fernández y Olavarría, Revista Ius et Praxis año nº 15 nº 2, pp. 215-255). Contrario a esto, el fallo en análisis no se enreda en cuestiones formales que a veces oscurecen el uso de este recurso y utiliza la causal de la letra d) como un mecanismo efectivo para corregir una situación que a todas luces parecía injusta. El Ministerio Público y el voto de minoría (del Ministro Bates) postulan que el recurso debiera haber sido rechazado ya que la causal invocada no debiera haber sido la letra d) del art. 473 del CPP sino la prevista en la letra c) de la misma disposición (“Cuando alguno estuviere sufriendo condena en virtud de una sentencia fundada en un documento o en el testimonio de una o más personas, siempre que dicho documento o dicho testimonio hubiere sido declarado falso por sentencia firme en causa criminal”). Afortunadamente, el voto de mayoría comprende que se trata de una situación completamente distinta. El testigo no quiso declarar en falso en contra de Robles, sino simplemente cometió un error. Si dichos errores no fueran cubiertos por la causal del art. 473 letra d) la posibilidad de acoger revisiones en casos similares en los que surge con claridad la inocencia de los condenados sería mínima. En ese evento nuestra legislación protegería a los inocentes condenados sólo en casos de declaraciones falsas pero no erróneas. Esto a todas luces no parece razonable. Por lo mismo parece muy valioso que el voto de mayoría haya entendido la causal invocada sin formalismos sino más bien apuntando al problema de fondo que intenta resolver el recurso de revisión. Ello abre una puerta de esperanza para muchos casos en los que situaciones similares podrían ser enmendadas.

Es de esperar que las lecciones que entrega el caso de Julio Robles sean seguidas por los distintos actores del sistema y ello nos permita mejorar los procedimientos de reconocimientos y su valoración por parte de los tribunales. A la vez, que la postura seguida por la Corte Suprema al resolver la revisión se convierta en una práctica jurisprudencial sólida en el futuro. Es comprensible que un sistema de justicia criminal pueda cometer un error y condenar a un inocente, lo que no lo es, es que si sabemos que se cometió un error éste no pueda ser corregido diligentemente por las autoridades responsables. En esta dirección el caso de Julio Robles es sin lugar a dudas una señal muy positiva.